Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 De Los Inmigrantes Argelinos
公開日:2022/05/03 / 最終更新日:2022/05/03
Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 por cien De Los Inmigrantes Argelinos
La polémica política suscitada en septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de treinta argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a la disposición del juez de guardia, ha derivado en una movilización de los abogados de la comarca para exigir explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e inclusive irregulares». Específicamente, el Instituto de Abogados estudia elevar una queja ante el encargado del Gobierno, Francisco Jiménez (del Partido Socialista Obrero Español), por el hecho de que solo 65 de los 509 inmigrantes llegados a la urbe en las dos últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.
Este colectivo profesional asimismo desea conocer los motivos por los que la enorme mayoría de estas personas no fueron puestas a disposición judicial, como sí se ha hecho en decenas y decenas de ocasiones a lo largo de los años. No es una medida ilegal, puesto que el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, pero lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para pedir autorización para el internamiento temporal, en el expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.
Datos clave
En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la ciudad el 20 de septiembre, el Municipio tuvo perseverancia por medio de taxistas de que estas personas tomaron con rumbo a Barcelona y Zaragoza, con el propósito de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, algunos procurarían lograr más tarde Bélgica y Alemania.
«No tenemos ni la más remota idea de si les han gestionado los expedientes o si los han liberado directamente»
Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas o bien con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda mas remota alternativa es que, cita extranjeria previa al no haber lugar en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una ‘devolución en caliente’.
Críticas al «efecto llamada»
Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no recomendables, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes están en su derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», o sea a que haya un control de su situación por parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y agregan que quedan desamparados, frente a posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los dieciocho años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un letrado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue sobre aviso para asistir a un detenido por otro tema mas no a estos.
El Colegio advierte de la posible transgresión de derechos de menores y de demandantes de asilo
Según los datos a los que ha accedido este diario, pedir hora para nie en fechas no precisadas entre el veinte de septiembre y el 9 de octubre pasaron a disposición judicial 106 inmigrantes llegados en pateras. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 31 llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; 67 al de Instrucción 4; y 8 al de Instrucción cinco. Esa cifra de 106 personas equivale al veinte por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y salvados en ese periodo, en frente de las costas de la Región, conforme la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otro modo, el 80 por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace algunos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron frente al juez.
En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el socorro de un letrado. No obstante, los datos recabados hasta el día de ayer por el Instituto de Abogados, la institución que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia 65 personas procedentes del Norte de África.
La mayoría de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barcelona y Zaragoza
El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Instituto, cita extranjeria previa Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad festejará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la institución demandará de forma oficial explicaciones acerca de la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.
«No tenemos ni idea de cómo se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha gestionado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y agregó que en el Colegio consideran que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -también hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial totalmente brutal, aun cara la competencia del juez penal, si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal.
En estas últimas 2 oleadas, la Policía consiguió que los jueces imputaran a un hombre sospecho de ser el conduzco o bien ‘paterista’ de una de las embarcaciones, como a 6 por el asesinato por imprudencia de un pequeño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.
«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, pues hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede producir una ocasional queja frente al Consejo de Europa. Este especialista apuntó también que los afectados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con ello, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para asegurar la seguridad jurídica.
A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder hoy a ‘La Verdad’ sobre su administración de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Municipio, Partido Popular, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial peligro de conflictos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», a pesar de «un drama humanitario como la inmigración».
El dispositivo de hace un par de años
Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Asamblea Regional, entre otras cosas porque cincuenta de argelinos pasaron la noche del 6 al siete de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de tela y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.
En el Colegio de Abogados recordaron que, en el mes de octubre de dos mil diecisiete, cita extranjeria previa coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas y decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron dos juzgados de guardia, uno de ellos en el pabellón situado al Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides. Allí tomaron declaración a 285 de los quinientos treinta y cuatro inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los 150 trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.
Los argelinos acabaron entonces en la prisión de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte controversia por no estar habilitada como CIE. Quien era encargado gubernamental, Francisco Bernabé (del PP), había llegado al cargo precisamente pues el asimismo popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.
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